En la superación de la anteriormente perfilada condición, situación y posición de las mujeres, hacia una sociedad más igualitaria  y justa, abordando sus necesidades estratégicas, es fundamental la capacidad de las mujeres, sus líderes y sus organizaciones.  Habrá que contribuir a satisfacer la necesidad fortalecer, entrelazar, articular, tanto las organizaciones como las demandas, agendas y propuestas en ambas direcciones: entre lo local, nacional e internacional, entre la ruralidad y lo urbano o citadino y entre las organizaciones de base y el movimiento de mujeres y feministas.

Paralelamente la formación, de liderezas y el personal técnico, es igualmente fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y las fortalezas internas dentro de las mujeres y sus organizaciones, para desde su perspectiva conducir de la mejor manera intervenciones que provocan rechazo y oposición y ultimadamente, promover las modificaciones de la cultura e ideología según su contexto social, cultural, étnico? y económico. 

Otro aspecto fundamental es el apoyo de soluciones, a las necesidades prácticas de las mujeres, identificadas por ellas mismas, relacionadas con la supervivencia humana y derivadas de su triple rol, pero sin que este abordaje se constituya en un refuerzo a la división sexual del trabajo y sí, además, en un medio de su empoderamiento y contribuyente en facilitar su intervención en la esfera pública.

Tanto la orientación como las intervenciones tendrán en consideración la perspectiva del corto, mediano y largo plazo. Desarrollaremos las acciones con las mujeres participantes en las áreas de desarrollo, indígenas y no indígenas, contrapartes y organizaciones de mujeres locales, municipales, departamentales, regionales, nacionales e internacionales.

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Un indicador de la situación o cumplimiento del derecho a la alimentación en Guatemala lo constituye el hecho de que la desnutrición de la población subió entre 1,992 y 2,001 del 16 a 25%, es decir de 1.4 a 2.9 millones de personas que no tienen acceso a alimentación adecuada.  La desnutrición ha afectado mas a la población indígena, entre quienes el 69% de los niños sufrió desnutrición crónica.

Pese a su declinación al 22.6% del PIB, su contribución a la economía nacional y a la generación del 40% del empleo sigue siendo relevante, aunque el modelo dominante y agro exportador de unos pocos productos es poco eficiente en distribuir beneficios.  Lo anterior se reflejó recientemente en la crisis del café que tuvo sus mayores impactos negativos en la población pobre, indígena y campesina.  Si bien esa declinación en el PIB tiene relación, por ejemplo, con el crecimiento del turismo y el significativo incremento de las remesas enviadas por la población pobre que ha emigrado a Estados Unidos, ésta es más determinada por sus debilidades intrínsecas.

El sector agrícola ha sido crecientemente deficiente para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la población guatemalteca.  Por ejemplo, la extensión de tierras destinadas a la producción de granos básicos ha disminuido entre 1,992 y 2,001 en promedio 35,000 Has, 17% en producción y se han perdido 240,000 empleos. En contraposición la importación de alimentos ha ido en aumento.  De 10% en el lustro de 1,990 a 1,995, éste ha subido a casi el 50% en los últimos 15 años, significando un aumento de 2,400%, para un total de 11.415,500 de quintales.  El 80% de esta importación proviene de Estados Unidos y es destinada a la industria de concentrados.

Con el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Republica Dominicana con Estados Unidos, Guatemala reduce los aranceles desde el primer año para el 81% de productos.  Esto incrementará la importación de alimentos con la entrada de productos subsidiados de Estados Unidos, afectando principalmente la producción local, a los pequeños productores  y  e incrementado el desempleo de los sin tierra.

El limitado acceso a los recursos naturales y otros medios de producción. Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos; este hecho al igual que su tendencia creciente, esta documentado en el IV Censo Nacional Agropecuario 2004.  Esta concentración originada fundamentalmente en el despojo de las tierras de la población indígena durante la colonia, la cual no se ha detenido, junto a la explotación de su mano de obra, viola su derecho a la tierra y limitan a la población la producción y consumo de alimentos. La violación del derecho a la tierra de las mujeres en aun mucho mayor.

El movimiento indígena y campesino ha mantenido su lucha en la defensa de los derechos a la tierra, alimentación y laborales, entre otros, enfrentando las políticas de Estado, organismos y entidades internacionales y acciones de sectores de poder, que les niegan esos derechos.  Paralelamente ha mantenido la construcción de propuestas de legislación y política pública para hacer realidad el goce de sus derechos y promover el desarrollo nacional.

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Como en muchos países de mundo la educación preprimaria, primaria y básica en Guatemala es constitucionalmente un derecho y un bien público, por lo tanto es deber del Estado proporcionarla y facilitarla sin discriminación alguna a sus habitantes. Sin embargo, el financiamiento público de la educación es uno de los más bajos del mundo, menos del 2 % en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), pese a que la Ley de Educación Nacional Decreto 12-91 establece que el presupuesto de la Educación debe ser de un 7% del PIB.

La reforma educativa o la redefinición del sistema y subsistemas educativos nacionales es un asunto político clave en el país, toda vez que en enero de 2005 entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA). El mayor riesgo es que la reforma del sistema educativo se desarrolle fuera de una reafirmación de las responsabilidades del mismo Estado, a espaldas de una verdadera participación de las y los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas educativas y sin tomar en cuenta elementos de pertinencia cultural, lingüística y socioeconómica del país. El Diseño de Reforma Educativa de 1998, resultado de un consenso de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado de Guatemala, a favor del cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, hasta la fecha no ha recibido la aprobación de los congresistas por falta de voluntad política. Mientras tanto se impulsan iniciativas que muy claramente van en dirección de enajenar la educación pública y trasladar responsabilidades y los costos a la población.

La privatización de la educación en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, hace aún más difícil para los pobres el acceso a la educación y en consecuencia la denegación de este derecho público, convirtiéndose en “servicio-mercancía” que puede ser o no accesible para la población. Hasta el año 2003, en Guatemala el crecimiento del sector privado en la educación preprimaria alcanzó un 20%, el ciclo básico un 47% y el diversificado un 74%. Otros indicadores son la contratación de Fundaciones del sector privado para prestar el “servicio educativo”,  la contratación temporal de maestros.

Relacionado con lo anterior, hay un riesgo de que las políticas públicas que se adopten en consonancia con el cumplimiento del TLC con Estados Unidos, el sistema educativo se convierta en un instrumento del mercado y, por otro lado, en un mercado de gestión educativa en donde intervendrán intereses económicos diversos predominantemente lucrativos, y sobre los cuales el Estado perderá su rectoría y responsabilidad. Ello exige entonces, una mayor incidencia y organización de la sociedad civil para la defensa de sus derechos sociales como la educación.

Uno de los esfuerzos del gobierno por ampliar la cobertura de la educación preprimaria y primaria es el sistema PRONADE (Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo),  que está siendo implementado en Latinoamérica con diferentes nombres, el cual atiende en el país a  más de 400 mil alumnas y alumnos.  No obstante, ello tiene entre otros efectos el traslado de costos directos e indirectos a los padres de familia (bajo el argumento de

la participación ciudadana en la gestión educativa nacional y la descentralización), cambios desfavorables en el sistema de seguro social y contratación de las y los maestros y, un costo comparativamente más alto que el sistema estatal. Hoy día existen aproximadamente 30 mil maestros  no presupuestados, es decir sin estabilidad laboral ni seguridad social.

No obstante, ante este contexto descrito, aunque en crecimiento, hay una correlación de fuerzas sociales y políticas desfavorables para las y los pobres y excluidas/os. La toma de decisión o la definición de políticas públicas en educación, así como en otros temas importantes, sigue gravitándose a favor de un sector económico privado que en la mayoría de los casos apadrina y/o viabiliza las políticas del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)  y otras instituciones que influyen fuertemente las políticas sociales de los países pobres como Guatemala. 

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Para que la población guatemalteca goce de su derecho a la justicia y una gobernabilidad democrática, se requiere que  el Estado cumpla con los deberes y fines que le establece la Constitución Política y los tratados y convenciones internacionales suscritos.  Igual cumplimiento de ésta y la legislación pertinente se requiere de los sectores de poder privado o empresarial nacional y transnacional.  Otro tanto mayor, se precisa de los organismos multilaterales gubernamentales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, organismos regionales como SIECA, SICA, en donde los gobiernos no deben seguir imponiendo los intereses comerciales y de lucro de sus transnacionales y sectores privilegiados en perjuicio de sectores vulnerables, la población mayoritaria y de la soberanía nacional.

Todos los actores de poder mencionados deben hacer una amplia rendición de cuentas de sus logros en garantizar los derechos de la población mayoritaria y demostrar desempeño democrático y transparente promoviendo y facilitando el acceso y divulgación de información de la probidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Por su parte la población mediante el ejercicio activo de su ciudadanía en lo individual y/o por medio de los movimientos sociales, reconociendo que la gestión pública es importante para nuestro desarrollo, tiene el deber de demandar de esos actores de poder la rendición de cuentas, el acceso a la información y la garantía de los derechos constitucionales, al mismo tiempo que proponer e involucrase en la implementación de opciones consensuadas.  Este enfoque de gobernabilidad basado en derechos promueve el ejercicio de la democracia y el fortalecimiento y reforma de un Estado que crea las condiciones sociales, políticas, económicas y legales para que todas las personas, en particular las personas pobres y excluidas, se beneficien de la riqueza que se produce con el esfuerzo de todas y todos y ejerzan sus derechos sin temores.

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En Guatemala hasta Diciembre 2003 se han reportado 6,571 casos de SIDA, lo cual representa una tasa acumulada de 53x1000 habitantes, el 50% de los casos se ha reportado solo en los últimos 3 años ; el subregistro se estima en 50%, la proporción por sexo es de 3 hombres por una mujer; la principal vía de transmisión es la sexual en un 93%, siendo las trabajadoras comerciales del sexo un eslabón principal de contagio; la mayor proporción de casos, el 90%, se presenta entre las edades de 15 a 49 años y la mayor cantidad entre los 25 y 29 años.  Se estima la cobertura  de atención de casos será de 70%, luego del reciente aprobado plan nacional financiado por ONUSIDA, aportes gubernamentales y no gubernamentales.

La distribución  geográfica de la epidemia coincide con las rutas de mayor desarrollo económico y la ruta del puerto en el Atlántico hacia la frontera con México.  La mayor concentración de la epidemia es en la ciudad capital y áreas circunvecinas,  con una tasa acumulada de 101x1000, pero esta creciendo en el resto del país ya que todos los departamentos reportan ya casos de SIDA.  En tres de las cinco áreas de desarrollo hay reportados casos de SIDA.

En las áreas rurales la diseminación de información es muy reducida lo que aumenta la vulnerabilidad de la población, especialmente las mujeres, situación que es agravada por patrones culturales machistas, la posición de las iglesias y barreras de comunicación por diversidad de idiomas.  En el sentido positivo se han identificado condiciones que favorecen intervenciones principalmente preventivas, se han identificado claramente como grupos meta específicos de las acciones primarias: jóvenes, mujeres amas de casa, promotores de salud, comadronas, y hombres de la localidad; también los centros de salud estatales son un recurso valioso.  Las organizaciones de sociedad civil con diversas experiencias constituyeron una red que ha realizado una efectiva incidencia en política pública por los derechos de las personas infectadas, especialmente en el acceso a medicamentos genéricos.

La inclusión de esta prioridad estratégica, aunque en dimensiones limitadas, constituye una nueva experiencia para el programa.

Guatemala  tiene alta vulnerabilidad a desastres naturales, principalmente inundaciones, sequías y terremotos.  Los conflictos sociales ocurren principalmente al no creer en la efectividad de las instituciones públicas para atender los problemas, incluyendo los de seguridad, que derivan en muchos casos en acciones violentas de la población.  Se rescata la mediación en los conflictos sociales realizada por la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

En cuanto a desastres naturales existe un sistema de prevención e intervención gubernamental, desde lo nacional hasta lo municipal que ha funcionado aceptablemente, aun cuando no en todos los municipios el sistema este bien integrado.

El enfoque u orientación será la consolidación de reducción de vulnerabilidad local en las áreas de desarrollo mediante la metodología de análisis de riesgos y vulnerabilidad, ampliando el numero de personas y autoridades capacitadas para la definición e implementación de planes de prevención; incidencia local para integrar el sistema local de coordinación para la prevención y en caso de desastres naturales en las áreas de desarrollo apoyar los planes de mitigación y recuperación.

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